HidalgoSeguridad y justicia

Movimiento social denuncia persecución y hostigamiento por autoridades estatales

PACHUCA, Hgo., 24/abril/2017.- Integrantes del Movimiento Alto a la Criminalización de la Protesta Social en el Estado de Hidalgo, quienes mantienen plantón a las afueras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) desde la semana anterior, denunciaron persecución y hostigamiento por parte de autoridades estatales.

Esta mañana emitieron comunicado en conjunto con diversas organizaciones sociales; explicaron que mantendrán el plantón por tiempo indefinido, debido a la negativa de esta institución a hacer un exhorto por la persecusión y el hostigamiento que viven los luchadores y activistas sociales. En específico contra Armando Monter y Adrián Medina.

«Queremos aclarar que hasta ahorita no recibimos respuesta de la Comisión de Derechos Humanos, ni del gobierno del estado. El secretario de Gobierno hasta ahora no aceptó el emplazamiento al diálogo que le hicimos públicamente y caemos en cuenta que la afirmación de que el gobierno de Omar Fayad es un gobierno de diálogo es una farsa.»

Recordaron que este movimiento deriva de la organización hidalguense contra el gasolinazo y la carestía, conformada oficialmente el pasado 2 de febrero.

«La idea es continuar la lucha contra el gasolinazo, defender el territorio y denunciar las diversas problemáticas diversas que hay en el estado». El movimiento lo integran diversos municipios, organizaciones del campo, la ciudad, colectivos y defensores del los derechos humanos.

Narraron que el 5 de abril una manifestación pacífica provocó la cancelación de la visita del gobernador a Ixmiquilpan, «quien pretendía llevar a cabo un evento social con autoridades municipales, sin antes atender la exigencia de justicia por el conflicto social en el Valle del Mezquital y el asesinato de dos jóvenes en manos de la policía estatal y federal».

Desde entonces el gobierno estatal adoptó diversas medidas de criminalización y persecución a los integrantes de la organización. «Nos vigilan físicamente mediante carros particulares, intervienen nuestras comunicaciones y nos amenazan en público con fabricarnos delitos para detenernos y procesarnos».

Demandaron al Ejecutivo de Hidalgo el cese inmediato a los actos de criminalización en contra de sus dos compañeros, respeto a las normativas que protegen a los pueblos indígenas, marcha atrás al gasoducto Tuxpan- Tula, alto a la intimidación y violencia en municipios e intervención de la CDHEH para resolver la crisis en materia de derechos humanos que vive el estado.

Sentenciaron que si algo llegara a pasarles a Armando Monter y Adrián Medina, responsabilizan directamente al gobernador, Omar Fayad, al secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar y a la policía estatal.

Por último pidieron la destitución de José Alfredo Sepúlveda, titular de la CDHEH, por su inacción al frente del organismo.

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