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Fideicomisos, el paraíso de la opacidad

CDMX, 09/mayo/2018.- Los fideicomisos son un paraíso de opacidad para el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial, el Legislativo y los órganos autónomos, que tienen acumulados 835 mil 477 millones de pesos en 374 de estos instrumentos sin rendir cuentas claras ni justificar la manera en que los ejercen.

La cifra es equivalente al 15.8 por ciento del Presupuesto de Egresos 2018, según revela el estudio “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, elaborado por Sarahí Salvatierra, del Centro de Análisis e Investigación Fundar.

772 mil 63 millones de pesos, 92 por ciento de los recursos, están concentrados en fideicomisos considerados como una entidad no paraestatal, o sea, que carecen de una estructura orgánica y administrativa para rendir cuentas.

Fideicomisos: instrumentos financieros que permiten al Gobierno administrar recursos públicos para fines específicos.

Sin embargo, su uso ha multiplicado sin acatar las observaciones que ha formulado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para evitar el uso discrecional de los fondos.

“La Auditoria Superior de la Federación ha realizado constantes señalamientos sobre los riesgos de opacidad en los fideicomisos públicos a partir de auditorías a estas figuras, resalta el estudio.

“Resalta, por ejemplo, que la falta de estructura en los fideicomisos y la posibilidad de que los Comités Técnicos, que toman las decisiones, estén integrados por privados, propicia la opacidad y la discrecionalidad en su administración”.

Añade que en los fideicomisos no existen mecanismos internos que supervisen la contratación de financiamientos que no son considerados como parte del gasto público.

Sarahí Salvatierra, coordinadora del equipo de Fundar que trabajó en la investigación, dijo que ante la falta de transparencia y rendición de cuentas, corren el riesgo de hacer un mal uso de los recursos contenidos en los fideicomisos.

“Hay poca transparencia y eso genera discrecionalidad en los recursos. Esto, evidentemente, es como la antesala para desviaciones de recursos o puedan cometerse actos de corrupción”, advirtió.

Salvatierra señaló que al encontrarse estos recursos en instituciones bancarias privadas se les aplica el derecho privado y por tanto se obstaculiza el derecho a la información.

La mayor cantidad de los recursos están en fideicomisos que son administrados por la banca de desarrollo, pero en la banca privada están el 7.8 por ciento de esos fondos.

“Si bien, la Constitución Política mexicana obliga a que cualquier persona física o moral que reciba o administre recursos públicos transparente y rinda cuentas sobre esos recursos, también existe una serie de limitaciones propias del sector financiero que blindan a las instituciones de la banca comercial”, señala el estudio.

De los 374 fideicomisos analizados, 80 son manejados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al cierre del 2017 reportaron que manejaban el 70 por ciento de los recursos, con una disponibilidad de 539 mil millones de pesos.

-Con información de Reforma-
shh

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